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El Servicio de Impuestos Internos permite excluir hasta 250,000 dólares de la ganancia al vender la vivienda principal, o hasta 500,000 en declaración conjunta, si se cumplen las pruebas de propiedad y de uso. Esto es lo que exige la regla.

BRRRR describe un ciclo de inversión: comprar, remodelar, alquilar, refinanciar y repetir. Lo que decide si el ciclo funciona no es la sigla, sino los permisos de obra, la documentación del alquiler y los plazos de antigüedad que exige el refinanciamiento.

El deducible de huracán es distinto del deducible ordinario: se expresa como porcentaje del límite de la vivienda, se aplica por año calendario y la ley obliga a la aseguradora a ofrecer alternativas y a mostrarlo en dólares en la carátula.

Poner la vivienda en un fideicomiso revocable es una decisión de planificación patrimonial con efectos concretos sobre la exención de vivienda principal, la protección frente a acreedores y el proceso sucesorio. Esto es lo que dice la ley estatal.

El condado y el estado mantienen programas que aportan fondos para el pago inicial y los costos de cierre, casi siempre en forma de segundas hipotecas diferidas. Esto es lo que establecen sus reglas públicas.

Una servidumbre es el derecho de un tercero a usar una parte de una propiedad ajena para un fin determinado. No cambia la titularidad, pero sí limita el uso del lote, y en Florida el capítulo 704 de los Estatutos regula varias de sus modalidades.

Palmetto Bay reúne una de las tasas de propiedad más altas del condado, lotes de buen tamaño y arbolado maduro. Esto es lo que muestran las cifras públicas y qué trámites se resuelven dentro del propio village.

Un préstamo non-QM es el que no cumple la definición de hipoteca calificada del Reglamento Z. No significa que carezca de reglas: la obligación del prestamista de verificar la capacidad de pago sigue siendo la misma.

Vender a un comprador extranjero en Miami-Dade sigue el mismo contrato que cualquier otra venta, pero cambia la forma de pago, el financiamiento, la declaración jurada que exige la ley estatal y la logística de la firma a distancia.