Adriana Pelaez
Última actualización: 2026-09-29
El desalojo en Florida es un procedimiento judicial, no una decisión del propietario. La parte II del capítulo 83 de los Estatutos de Florida fija cada paso —los avisos previos, la demanda, las defensas del inquilino y la ejecución— con plazos cortos y consecuencias severas para quien los pasa por alto. Para un inversionista en Miami-Dade, conocer la secuencia es tan importante como conocer el rendimiento de la propiedad.
Solo un tribunal puede ordenar la recuperación de la posesión, y solo el alguacil puede ejecutarla. El artículo 83.67 prohíbe expresamente las medidas de fuerza: cortar los servicios, cambiar las cerraduras, retirar puertas o sacar las pertenencias del inquilino. Quien recurre a ellas pierde tiempo y expone su patrimonio a una reclamación. El procedimiento correcto es más rápido de lo que suele creerse, pero exige cumplir cada formalidad en el orden previsto y con la documentación completa.
El artículo 83.56 distingue supuestos. Ante la falta de pago, el propietario entrega un aviso de tres días exigiendo el pago o la entrega del inmueble, y en ese cómputo no se cuentan sábados, domingos ni feriados observados por el tribunal. Ante un incumplimiento subsanable —un animal no autorizado, condiciones de insalubridad— corresponde un aviso de siete días para corregir, y la reincidencia dentro de los doce meses siguientes permite actuar sin nuevo aviso. Ante un incumplimiento no subsanable, como el daño intencional del inmueble, el aviso concede siete días para desocupar. Para terminar una tenencia sin causa rige el artículo 83.57, con preavisos de sesenta, treinta y siete días según la periodicidad.
Vencido el aviso sin solución, la acción se presenta ante el tribunal del condado. Aquí aparece la regla que define el procedimiento en Florida: el artículo 83.60 obliga al inquilino que alega cualquier defensa distinta del pago a depositar en la secretaría del tribunal la renta vencida y la que se vaya devengando, dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Si no deposita ni presenta la moción correspondiente, renuncia a todas las defensas salvo la de pago, y el tribunal dicta sentencia en rebeldía y emite la orden de posesión.
El artículo 83.62 cierra el proceso. La secretaría emite una orden dirigida al alguacil para que restituya la posesión al propietario después de veinticuatro horas de aviso colocado de forma visible en el inmueble; ese plazo no se interrumpe por fines de semana ni feriados. Ejecutada la orden, el propietario o su representante pueden trasladar las pertenencias que queden hasta el límite de la propiedad, y puede pedirse que el alguacil permanezca presente durante el cambio de cerraduras, con un cargo por hora. Ni el alguacil ni el propietario responden por lo que ocurra con esos bienes.
La mayoría de los desalojos se origina en decisiones tomadas meses antes: un contrato incompleto, una selección de inquilinos improvisada, avisos entregados sin acuse o depósitos mal custodiados. Un contrato claro, criterios de selección escritos y aplicados por igual, el cumplimiento del artículo 83.49 sobre el depósito de seguridad y una comunicación documentada evitan buena parte de los conflictos. Cuando el conflicto ya existe, el procedimiento lo lleva un abogado: los plazos son breves y un aviso mal redactado obliga a empezar de nuevo.
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No. El artículo 83.67 prohíbe cortar servicios, cambiar cerraduras o retirar pertenencias. La recuperación de la posesión solo procede por orden judicial y la ejecuta el alguacil.
Depende de si el inquilino comparece, de las defensas que plantee y de la agenda del tribunal. Los plazos legales son cortos, pero cada aviso mal entregado o mal redactado reinicia el reloj.
Según el artículo 83.60, si no deposita ni presenta la moción correspondiente dentro del plazo, renuncia a toda defensa salvo la de pago, y el tribunal dicta sentencia en rebeldía y emite la orden de posesión.
Ejecutada la orden, el propietario puede trasladarlos hasta el límite de la propiedad. Ni el alguacil ni el propietario responden por la pérdida o el deterioro que sufran después de ese traslado.
Fuentes: Estatutos de Florida, capítulo 83, parte II, artículos 83.49, 83.56, 83.57, 83.60, 83.62 y 83.67. Consultado el 29 de septiembre de 2026.
Adriana Peláez es asesora inmobiliaria licenciada en el estado de Florida (licencia SL3455310) desde 2019 y trabaja con My Realty Group desde Doral. Acompaña a compradores, vendedores e inversionistas en Miami-Dade junto a un equipo de prestamistas, compañías de título, inspectores, contadores y abogados inmobiliarios. Para revisar su caso puede escribirle o llamar al +1 305 988 7230.
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